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Lentitud de fiscalía deja impune intento de homicidio contra cajera del BCR

Horrores Judiciales / Slider / mayo 26, 2015

El retraso y la falta de interés de la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José hicieron que el intento de homicidio en contra de una cajera del Banco de Costa Rica quedara en la impunidad.

Las imágenes de una cámara de seguridad dieron cuenta, en los noticieros nacionales, de la agresión que sufrió Karina Arroyo Campos, el primero de setiembre de 2009. Ella iba entrando a la sucursal bancaria de la terminal de autobuses Caribeños, en barrio Tournón, San José, rozó el hombro del guarda de seguridad, Gustavo Sojo Rojas, quien sin motivo alguno, sacó su arma y le disparó en varias oportunidades.

Cinco años y tres meses. Ese fue el tiempo que se demoraron los representantes del Ministerio Público para recabar las pruebas y formalizar la acusación en contra del imputado.
Sojo, el sábado 20 de diciembre anterior, decidió acabar con su vida, lanzando al río Tiribí, desde el puente de Los Anonos, en Escazú. La muerte del acusado hace que la acción penal se extinga y, a su vez, la indemnización que debía recibir la víctima por las lesiones y el daño psicológico.

Para los abogados de Júrisis, Grazy Calvo, Raquel Castellón y Juan Diego Castro, hubo una enorme lentitud y una evidente falta de interés por parte del Ministerio Público. No sé explican por qué demoraron tantos años en investigar algo tan sencillo.

“¿Qué era lo que tenían que investigar? ¿Por qué demoraron tanto, si el video estaba ahí, el imputado estaba ahí, la víctima también? Todo estaba claro” pregunta el director de Júrisis, Juan Diego Castro.

Desde el 23 de julio de 2010, Karina Arroyo, junto con sus tres abogados, presentó una querella ante esa Fiscalía, acusando a Sojo del delito de intento de homicidio.

El caso quedó en un absoluto estancamiento, en un abandono total por dos años y dos meses.

La investigación se estancó el 18 de Octubre de 2011. La última gestión que el fiscal a cargo del caso realizó, en esa fecha, fue solicitarle al Instituto Nacional de Seguros (INS) que le dejara claro cuál era el tipo de contrato que mantenía la empresa Asesores en Seguridad Roma S. A., patronos del imputado, con la institución.

El día de la audiencia preliminar, la joven se llevó una amarga sorpresa al percatarse que su agresor no llegó al juicio, había fallecido.

Los abogados de Júrisis anunciaron que, ahora, demandarán al Banco, la empresa de seguridad y al Estado, en el Tribunal Contencioso Administrativo. Los dos primeros por ser los responsables de darle un arma a un esquizofrénico y ponerlo a cuidar una sucursal bancaria lo que originó el intento de homicidio en contra de Karina. Al Estado por el incumplimiento del principio de justicia pronta y cumplida.

Sin medidas cautelares

El estado psiquiátrico de Sojo era grave y, en su contra, nunca existió medida cautelar. La Fiscalía se conformó con solicitar una medida de seguridad que consistía en que la esposa se hiciera cargo de él, acudiera a las citas psiquiátricas, no portara armas de fuego, ni se acercara a la ofendida o a los testigos.

Esa medida se dictó el cuatro de junio de 2010 y el ocho de agosto de 2014, la Fiscalía pidió que se cambiara, debido a la ruptura sentimental entre el hombre y su pareja. Los representantes del Ministerio Público solicitaron que la vigilancia quedará en manos de su anciana madre.

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En una publicación del dos de setiembre de 2013, la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pedía a la ciudadanía informes sobre el paradero de Sojo, pues se encontraba desaparecido.

“Es de tez trigueña clara con bigote, padece de esquizofrenia y como no ha tomado tratamiento está puede estar descompensado. Es vecino de Tibás y fue visto por última vez por la zona del puente del Río Virilla” dice parte de la publicación que se puede encontrar en el siguiente link:

http://www.poder-judicial.go.cr/oij/index.php?option=com_content&view=article&id=2004:oij-seccion-delitos-varios-investiga-desaparicion&catid=36:modulo-noticias&Itemid=247

En las audiencias de conciliación por el caso, el Banco de Costa Rica no mostró interés alguno en responder por los daños causados a su empleada. La empresa de seguridad puso a disposición una póliza por treinta millones, sin embargo, al conocer que el imputado había muerto, no se han acercado a la víctima.

La institución financiera contrató los servicios de seguridad privada de una empresa que le dio un arma a un esquizofrénico y lo puso a cuidar una sucursal bancaria donde existía un gran flujo de dinero, con un resultado casi fatal. Para los abogados de Karina, existe una responsabilidad compartida tanto del banco, como de la agencia de seguridad.

Aquella tarde, en la que Sojo intentó asesinar a Karina, una de las balas ingresó por el muslo de la pierna derecha de la mujer, perforándole la vena cava inferior. El otro proyectil penetró por su cadera y le perforó el intestino, colon y tejidos blandos de esa zona. Por suerte, los demás tiros que realizó no impactaron el cuerpo de la joven.

Ella tuvo que ser sometida a varias operaciones para salvar su vida, por lo que carga, en su piel, tres cicatrices en el abdomen y tres más en la pierna. Entre muchas intervenciones quirúrgicas, debieron implantarle un by pass, en la vena, pues la sangre no circulaba. Se sometió a una colonoscopía por lo que la volvieron a operar en Enero de 2010.

El saldo de todos esos meses de cirugías y valoraciones médicas fue una incapacidad temporal de tres meses y una incapacidad permanente: la pérdida de un treinta por ciento de su capacidad general, según el dictamen DML 2014-0007594 de la Sección Clínica Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial.

En cuanto al estado emocional de la joven, según los análisis psiquiátricos, se caracteriza por una serie de alteraciones asociadas a ansiedad, manifiestas por pensamientos de malestar al exponerse a situaciones que recuerdan el trauma: alteraciones en hábitos del sueño, hipervigilancia y respuestas exageradas de sobre salto.

“De acuerdo a lo anterior y a los resultados de las pruebas psicológicas, se evidencia que la evaluada está experimentando de forma consistente, un cuadro clínico asociado con un Trastorno de Estrés Postraumático, cuya manifestación sintomática es ubicada como posterior a la agresión con arma sufrida, con predominancia de la re experimentación, comportamiento evitativo y síntomas de activación”, dice el informe pericial psicológico forense número SPPF-2009-1863, del 18 de diciembre del 2009, elaborado por las especialistas psiquiátricas, Cinthia López Castillo y Eugenia Víquez Hidalgo.











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